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La Formación Profesional para el empleo

Por Rogelio Navarro Domenichelli

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, viene a integrar las dos siguientes modalidades de formación profesional existentes en España: la ocupacional, destinada a las personas desempleados, y la continua, dirigida a los trabajadores.

Este decreto es resultado del Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, suscrito en febrero del 2006 por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME y el Gobierno de España dentro del proceso de Diálogo Social.

Este nuevo modelo, basándose en la Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece una integración de la Formación Ocupacional y la Continua, orientadas ambas al empleo. Además, para fomentar la participación de los desempleados y de los trabajadores en los cursos de formación, se sigue manteniendo el principio de gratuidad, garantizado, mediante la financiación a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con base en la cuota de Formación Profesional, la aportación del Estado y la co-financiación (cada vez menor) del Fondo Social Europeo.

La Formación Profesional para el Empleo está integrada por las siguientes iniciativas de formación:

a) La formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación financiados total o parcialmente con fondos públicos, para responder a las necesidades específicas de formación planteadas por las empresas y por sus trabajadores.

b) La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, y las acciones formativas dirigidas a los trabajadores desempleados con el fin de ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al empleo.

c) La formación en alternancia con el empleo, que está integrada por las acciones formativas de los contratos para la formación y por los programas públicos de empleo-formación, permitiendo al trabajador compatibilizar la formación con la práctica profesional en el puesto de trabajo.

Por su parte y de acuerdo con el Subsistema de Formación Profesional para el empleo se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y a mejora de las competencias y a las cualificaciones profesionales, pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, contenidos y duración propios.

Las empresas dispondrán anualmente de un crédito para la formación de sus trabajadores que compensará total o parcialmente los costes de la formación que realicen. Este sistema de formación de demanda responde a las necesidades específicas de las empresas y de los trabajadores, y traslada la ayuda hasta sus usuarios directos, por lo que la formación que planifiquen y que gestionen las empresas podrá financiarse mediante la aplicación de bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social.

Con objeto de extender y de generalizar el acceso de las pequeñas y medianas empresas, éstas podrán beneficiarse de medidas específicas en el tratamiento de sus bonificaciones y tendrán la opción, además, de agruparse con otras para participar en actividades formativas y compensar los costes que pueda suponer la externalización de las mismas.

Este Real Decreto representa una oportunidad para que España se aproxime a los países de la Unión Europea más avanzados en la formación permanente de los trabajadores, y permite establecer un marco estable y consensuado de Formación para el Empleo al compatibilizar los intereses, no siempre coincidentes, de los empresarios, de los trabajadores y de las Administraciones competentes en materia de formación.

En este sentido, es necesario destacar como principales elementos positivos del nuevo sistema:

1. El reconocimiento del carácter gratuito de la formación permanente, tanto para trabajadores en activo como para desempleados. Los destinatarios de la formación profesional para el empleo son todos los trabajadores ocupados y desempleados, incluidos, los que no cotizan por formación profesional, y en ambos colectivos podrán tener prioridad para participar en las acciones, aquellos trabajadores con mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo.

2. El refuerzo de papel de la Representación Legal de los Trabajadores, como garantes de la no discriminación de los mismos.

3. La consideración de colectivos con necesidades específicas de formación por los procesos de reconversión.

4. El impulso al carácter certificable y acumulativo de la formación recibida, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

5. La importante mejora del derecho personal a la formación, a través de: la dotación de un fondo especifico para los Permisos Individuales y la ampliación del ámbito de los Permisos Individuales de Formación, para incluir el tiempo invertido en procesos de reconocimiento de sus competencias y capacidades, y en procesos formativos que conduzcan a otro tipo de acreditaciones oficiales de las administraciones.

6. El acceso a un Sistema Integrado de Información y Orientación Profesional, dirigido tanto a parados como a trabajadores ocupados. Cada trabajador tendrá derecho a disponer de un Documento Acreditativo de Competencias y Cualificaciones Profesionales, así como de un seguimiento individualizado de su Carrera Profesional.

7. La apuesta decidida por la promoción de la calidad de la formación a través de evaluaciones del sistema.

Este Real Decreto ayuda a situar a nuestro país en un línea de evolución coherente con las políticas europeas en formación a lo largo de toda la vida, (Marco Europeo de Cualificaciones, Sistema de Transferencia de Créditos en Formación Profesional, Red Europea de Agencias de Calidad, etcétera), y ofrece oportunidades para aplicar una estrategia global de cualificación de los Recursos Humanos, lo que beneficia directamente a los trabajadores al incrementar sus posibilidades de obtener mejores empleos.

Es necesario resaltar que en España la formación de los trabajadores a lo largo de toda su vida presenta niveles sensiblemente inferiores a la media de la Unión Europea, tanto en la ratio de trabajadores formados como en el gasto de las empresas en formación. Por ello, este Real Decreto supone una oportunidad para aproximarnos a la situación de los países europeos más avanzados. Sin embargo, no se debe olvidar que el éxito del nuevo modelo debe contar, por un lado con un incremento de la inversión en formación por parte de las Administraciones Publicas y de las Empresas, ya que la mejora de la competitividad pasa, entre otros factores, por aumentar la inversión en formación continua ,y por otro, con un rápido desarrollo normativo de los temas aún pendientes de la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional, y en particular los Reales Decretos de Certificados Profesionales, Centros Nacionales de Referencia y Procedimiento de Evaluación, Reconocimiento y Acreditación de Competencias y Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de otros aprendizajes formales e informales.

Rogelio Navarro Domenichelli, Gabinete Técnico UGT.-País Valenciano

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